La especificidad de la Frontera Sur no radica en exclusiva en la vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes, sino que también es un enclave fundamental para entender cómo las relaciones comerciales y económicas entre el continente europeo y el africano son el eje fundamental de esta frontera. El análisis de las condiciones del régimen transfronterizo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla permite comprender cómo se materializan estas relaciones entre Europa y Marruecos y qué papel juega la frontera en el empobrecimiento o enriquecimiento de las personas de un lado u otro de la frontera.

Por la schenguenización de Ceuta y Melilla las personas marroquíes de Tetuán y Nado que tengan un pasaporte emitido en la wilaya (provincia) no necesitan visado para entrar en Ceuta y Melilla. Esta excepción se da por los vínculos culturales entre la región fronteriza y el estado español y está orientada a que la ciudadanía pueda entrar a Ceuta y Melilla para ser trabajadora y/o consumidora.

Se conoce con el nombre de comercio atípico la actividad laboral de las porteadoras, no está reconocida por el estado español y, por lo tanto, es alegal, y está prohibida en Marruecos, por lo que es ilegal pero está tolerada. Es una fuente de empleo para la población del norte de Marruecos, históricamente discriminada por el gobierno marroquí, especialmente durante el reinado de Hassan II.

En lo que se refiere a Ceuta, su estatus de puerto franco le garantiza importantes beneficios fiscales, entre ellos la aplicación del IPSI con una carga impositiva más baja que el IVA (IPSI oscila entre el 0,5% y el 10%). Únicamente la recaudación del IPSI a las importaciones supone el 25,7% de los presupuestos de la Ciudad Autónoma. Pero no solamente son los beneficios impositivos, sino que además el comercio atípico dinamiza la ciudad. 

El polígono del Tarajal no existiría -al menos no con este volumen de transacciones- sin el porteo de mercancías. Tampoco se podrían imaginar los grandes hipermercados de la ciudad sin el trasiego comercial, ni la actividad portuaria sería tan intensa si la mitad de las exportaciones que llegan al puerto no abandonasen la ciudad en la espalda de las porteadoras. Sin ellas, un empresario ceutí que quisiera comercializar su producto en Tetuán (Marruecos), tendría que utilizar una ruta alternativa; por ejemplo, desde el puerto de Ceuta hasta el puerto de Algeciras (Andalucía) y de ahí al puerto de Tánger-Med (Marruecos) y posteriormente por vía terrestre a Tetuán (Marruecos) para su comercialización.

La cercanía de Andalucía con el norte de Marruecos y el convencimiento de que la defensa de los derechos humanos no está adscrita a ningún territorio hace que parte fundamental del trabajo que llevamos a cabo en la APDHA, a través del área de Solidaridad Internacional, se realice de forma conjunta y prolongada en el tiempo con entidades del norte del país. Es aquí donde la visibilización y denuncia de las condiciones laborales en las que las porteadoras ejercen el trabajo transfronterizo cobra una gran relevancia, sobre todo a partir de la muerte en 2008 de Sabia Azziz en Melilla y de Zhora Bougdoghya y Bossra El Meriouti en Ceuta en 2009.

Son estas muertes las que marcan el punto de inflexión en la investigación de las causas y consecuencias del porteo y el posterior trabajo de denuncia y sensibilización. En 2012 redactamos la Declaración de Tetuán -firmada por 27 colectivos de ambas orillas- que recoge las conclusiones y recomendaciones sobre la situación de las mujeres porteadoras de Ceuta y Melilla tras la realización de unas jornadas de trabajo en las que participamos la APDHA, asociaciones del norte de Marruecos y mujeres porteadoras.

En 2016 y tras comprobar que la situación era la misma, organizamos unas nuevas jornadas de trabajo, en las que además de participar las asociaciones que ya trabajamos en el encuentro anterior, invitamos a responsables políticos y expertos multidisciplinares de ambos países, y que culminaron con la Declaración de Rio Martil. Este mismo año y con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz publicamos el informe “Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta” y empezamos la campaña de incidencia política “Porteadoras: la injusticia a la espalda”, que desarrollamos en el 2017 y parte del 2018, y en la que, entre otras acciones, presentamos el informe en el Congreso de los y las Diputadas y en el Parlamento Europeo.

A raíz de la publicación del informe y de la campaña de incidencia política se produjeron algunos cambios sustanciales en la realidad del porteo de mercancías, entre ellos: la apertura del nuevo paso fronterizo de El Tarajal II, el establecimiento de un número limitado de tickets para poder entrar, el establecimiento de días alternos para hombres y mujeres, la privatización de la seguridad dentro del polígono comercial… y un largo etcétera que poco ha revertido en los dos ejes fundamentales que vertebraban nuestra denuncia y nuestras propuestas (Decálogo de propuestas. 2017): considerar a las porteadoras como trabajadoras y que los Gobiernos de ambos países establezcan un diálogo bilateral para mejorar las condiciones laborales poniendo en el centro el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos.

A pesar de los cambios en la configuración del nuevo circuito y de las condiciones del porteo, en los años 2017 y 2018 al menos 9 mujeres y un hombre han perdido la vida en las ciudades fronterizas.

Los cambios que han ido sucediendo a lo largo de estos años hacen necesaria una actualización del informe publicado en el 2016 que nos permita seguir visibilizando, denunciando y señalando la connivencia de ambos Gobiernos ante las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente hacia las mujeres empobrecidas y racializadas, porque son las mujeres más pobres y de nacionalidad marroquí las que trabajan en el porteo. 

El seguimiento y la investigación de los procesos que influyen en la configuración de la Frontera Sur nos permitirán actualizar el informe y trabajar para conseguir a través de la denuncia pública, la sensibilización y la difusión, el impacto necesario que facilite el establecimiento de nuevas medidas que mejoren las condiciones laborales y de vida de las mujeres porteadoras.